FALSEDAD DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA
Las pensiones de los jubilados petroleros vienen de las ganancias de un fondo creado por ellos, durante su vida activa, con la colaboración de PDVSA. Ese fondo es administrado por una Junta Administradora nombrada por la Directiva de PDVSA entre empleados activos de la misma. Esta junta puso en manos de Francisco Illaramendi 453 millones de dólares para que los invirtiera a nombre del fondo, es sabido por todos que este señor estafó este dinero por lo cual está siendo juzgado en Estados Unidos. Debido a este hecho algunos diputados de la Asamblea Nacional llevaron a la Comisión de Contraloría, de la misma, una acusación para que se investigara a la Junta Administradora y a la Directiva de PDVSA por su responsabilidad en lo sucedido en el Caso Illaramendi, dicha comisión acaba de concluir que las personas investigadas son libres de toda responsabilidad en la estafa cometida. Esta comisión actuó como lo hacen todos los organismos públicos, siempre ocultando las faltas de los seguidores del proceso revolucionario, no importa que con las decisiones se perjudique a muchos venezolanos, como es el caso de los jubilados petroleros, pues con esa lavada de manos a las autoridades de PDVSA, responsables del manejo del fondo, se corre el riesgo de que PDVSA no responda por los dineros a perderse en al Caso Illaramendi. La decisión de la comisión es completamente falsa, pues el Artículo 13 de los Estatutos del Fondo dice que los traspasos de la cartera de inversiones deberá contar con la autorización de la Directiva de PDVSA, si no lo hicieron de igual manera faltaron, en este caso por el no cumplimiento de sus responsabilidades. Por otro lado, el Artículo 22 dice que entre las responsabilidades de la Junta Administradora se encuentran: adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, rentabilidad y liquidez de las inversiones; ordenar estudios para la determinación de instrumentos de inversión, grupos económicos, empresas e instituciones financieras en los cuales se pueda efectuar inversiones; aprobar las inversiones propuestas conforme a las normas y políticas aprobadas; asegurarse de que las recomendaciones de inversiones estén debidamente documentadas con estudios técnicos, económicos, financieros y legales; aprobar la lista de las instituciones, empresas e instrumentos en los cuales se autoriza invertir y los consultores de inversión autorizados para prestar servicios al fondo. Se cumplió con todos estos requisitos?, lo más probable es que no, pues de otra manera el dinero no hubiera ido a manos del pillo de Illaramendi, bien conocido por el gobierno y PDVSA pues les había dado asesoría financiera en el pasado. Esto último indica claramente la responsabilidad de la junta en la estafa realizada. Por todo lo anterior, se concluye que la decisión de las comisión está plagada de falsedad, por lo que PDVSA no debe sentirse libre de reponer los dineros que pudieran perderse en el Caso Illaramendi, en otras palabras debe hacer realidad lo prometido, en la Asamblea, por su presidente Rafael Ramírez.
Roberto Muñoz E.
robertom1940@hotmail.com
Las pensiones de los jubilados petroleros vienen de las ganancias de un fondo creado por ellos, durante su vida activa, con la colaboración de PDVSA. Ese fondo es administrado por una Junta Administradora nombrada por la Directiva de PDVSA entre empleados activos de la misma. Esta junta puso en manos de Francisco Illaramendi 453 millones de dólares para que los invirtiera a nombre del fondo, es sabido por todos que este señor estafó este dinero por lo cual está siendo juzgado en Estados Unidos. Debido a este hecho algunos diputados de la Asamblea Nacional llevaron a la Comisión de Contraloría, de la misma, una acusación para que se investigara a la Junta Administradora y a la Directiva de PDVSA por su responsabilidad en lo sucedido en el Caso Illaramendi, dicha comisión acaba de concluir que las personas investigadas son libres de toda responsabilidad en la estafa cometida. Esta comisión actuó como lo hacen todos los organismos públicos, siempre ocultando las faltas de los seguidores del proceso revolucionario, no importa que con las decisiones se perjudique a muchos venezolanos, como es el caso de los jubilados petroleros, pues con esa lavada de manos a las autoridades de PDVSA, responsables del manejo del fondo, se corre el riesgo de que PDVSA no responda por los dineros a perderse en al Caso Illaramendi. La decisión de la comisión es completamente falsa, pues el Artículo 13 de los Estatutos del Fondo dice que los traspasos de la cartera de inversiones deberá contar con la autorización de la Directiva de PDVSA, si no lo hicieron de igual manera faltaron, en este caso por el no cumplimiento de sus responsabilidades. Por otro lado, el Artículo 22 dice que entre las responsabilidades de la Junta Administradora se encuentran: adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, rentabilidad y liquidez de las inversiones; ordenar estudios para la determinación de instrumentos de inversión, grupos económicos, empresas e instituciones financieras en los cuales se pueda efectuar inversiones; aprobar las inversiones propuestas conforme a las normas y políticas aprobadas; asegurarse de que las recomendaciones de inversiones estén debidamente documentadas con estudios técnicos, económicos, financieros y legales; aprobar la lista de las instituciones, empresas e instrumentos en los cuales se autoriza invertir y los consultores de inversión autorizados para prestar servicios al fondo. Se cumplió con todos estos requisitos?, lo más probable es que no, pues de otra manera el dinero no hubiera ido a manos del pillo de Illaramendi, bien conocido por el gobierno y PDVSA pues les había dado asesoría financiera en el pasado. Esto último indica claramente la responsabilidad de la junta en la estafa realizada. Por todo lo anterior, se concluye que la decisión de las comisión está plagada de falsedad, por lo que PDVSA no debe sentirse libre de reponer los dineros que pudieran perderse en el Caso Illaramendi, en otras palabras debe hacer realidad lo prometido, en la Asamblea, por su presidente Rafael Ramírez.
Roberto Muñoz E.
robertom1940@hotmail.com
